El Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos de 2024 de las Naciones Unidas, publicado por la UNESCO en nombre de ONU-Agua, señala que las crisis del agua generan conflictos bélicos a escala mundial. Para preservar la paz, los Estados deben fortalecer la cooperación internacional y los acuerdos transfronterizos.
Según el nuevo informe de la UNESCO publicado en nombre de ONU-Agua, 2200 millones de personas aún no disponen de suministros seguros de agua potable y 3500 millones de personas no tienen acceso a servicios adecuados de saneamiento. Debido a esto, el objetivo de las Naciones Unidas de lograr el acceso universal para el año 2030 parece distante y se teme un aumento de las desigualdades en este ámbito.
Entre 2002 y 2021, las sequías afectaron a más de 1400 millones de personas. En 2022, aproximadamente la mitad de la población mundial sufrió escasez severa de agua durante al menos una parte del año y una cuarta parte se enfrentó a niveles «extremadamente elevados» de estrés hídrico, al utilizar más del 80 % de su suministro total anual de agua potable renovable. Se prevé que el cambio climático incremente aún más la frecuencia y la gravedad de estos fenómenos, con graves riesgos para la estabilidad social.
Las niñas y las mujeres son las primeras víctimas de las crisis del agua
La primera consecuencia es el deterioro de las condiciones de vida de la población, con un aumento de la inseguridad alimentaria y los riesgos sanitarios. La escasez de agua también afecta al desarrollo social, especialmente de niñas y mujeres. En multitud de zonas rurales, ellas son las principales recolectoras de agua y dedican varias horas al día a esta tarea. La disminución de los suministros de agua agrava esta carga y socava su acceso a la educación, su participación en la vida económica y su seguridad. Del mismo modo, puede contribuir a una mayor tasa de abandono escolar de las niñas con respecto a los niños.
Las crisis del agua también son un factor importante en las migraciones. A su vez, estos desplazamientos de población pueden contribuir a la inseguridad hídrica en los territorios de acogida al ejercer una presión añadida en los sistemas y recursos de agua, avivando así las tensiones sociales. Por ejemplo, un estudio realizado en Somalia indica que se ha producido un aumento del 200 % de la violencia de género contra personas desplazadas.
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