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12/3/2020 Noticias ambientales

El sumidero económico de los delitos ambientales: ¿quien la hace, la paga?

Los delitos ambientales son un sumidero económico. Cada partícula de CO2, cada vertedero ilegal, cada pozo sin licencia o cada incendio intencionado conllevan unos costes para los Estados que, según un informe de la European Environmetal Bureau (EEA), se sitúan en los 231.000 millones de euros al año. Una cifra que casi cuadriplica el coste del rescate a la banca calculado por el Tribunal de Cuentas español: 66.577 millones de euros. 

Los delitos ambientales son, según los datos de Interpol y Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el cuarto negocio ilegal más lucrativo del mundo. Se trata de actividades muy variadas que van desde el tráfico de residuos, hasta la sustracción de agua para regadío, pasando por el contrabando de gas o el comercio ilegal de pesticidas. Desde EEA, la red de organizaciones ecologistas más grande de Europa, argumentan que estas prácticas suelen ir vinculadas a "otras formas de delincuencia organizada como el lavado de dinero o el crimen organizado".

Esta pérdida económica ligada a los daños ambientales se debe a varias circunstancias: guarda una relación directa con la falta de recursos para la investigación, la habitual responsabilidad corporativa de determinados delitos y, por último, la falta de severidad en las sanciones.

Un ejemplo que aúna estas tres realidades es el denominado Dieselgate, con el que el grupo Volkswagen alteró de manera deliberada los motores de 11 millones de vehículos para falsear los datos reales de sus emisiones contaminantes durante años. Estas prácticas, tras el escándalo, fueron detectadas en otros fabricantes de automóviles y, debido a los tiempos pausados de las investigaciones, todavía no hay sentencias que responsabilicen a las compañías de haber estado sacando un beneficio económico a través de un producto mucho más nocivo de lo que se publicitaba. No en vano, cuatro años después del escándalo, los tribunales empiezan a tratar el caso en busca de responsables. 

Para Ana Barreira, directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), "el problema principal radica en que las normas ambientales, hasta ahora, han sido poco respetadas y el marco institucional para hacer que se cumplan es muy débil". La experta en derecho explica que "son los Estados miembro quienes deben trasponer las directivas de la UE en sus ordenamientos jurídicos internos", lo cual no siempre ocurre, y cuando es así, se hace "tarde y de una forma poco adecuada".

Buen ejemplo de la responsabilidad de los países es el caso de Croacia y el vertedero industrial de Biljane Donje, en la ciudad de Benkovac. El Ejecutivo balcánico no puso en marcha una legislación ambiciosa que protegiese los suelos y los acuíferos y, pese a los requerimientos de la Comisión Europea y los trabajos técnicos, los residuos siguen contaminando el entorno, situado a 50 metros de viviendas residenciales. Black Hill, la compañía responsable de los vertidos de ferromagneso, "ha evitado cualquier responsabilidad penal por su actividad", denuncia EEA. Es decir, la premisa ecologista de "quien la hace, la paga" no está garantizada, pese a todo, por las directivas europeas. "No existe una estructura que garantice que se cumplen", manifiesta Barreira, que pone como referencia "el control férreo" que sí se lleva a cabo en la legislación fiscal europea.


Continúa leyendo el artículo original publicado por Alejandro Tena en Publico.es, aquí.